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Día Internacional del Trabajo

El 1º de Mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia laboral, instaurándose aquella fecha como el “Día del trabajador”.

En Argentina, se conmemora desde fines del siglo XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, y contó con la participación de numerosos movimientos obreros, integrados en su mayoría por inmigrantes -alemanes, italianos, españoles y portugueses-. Con este acto se inicia en el país la tradición de recordar, cada 1º de Mayo, el “Día del trabajador”.

Día de la Constitución Nacional

El 1º de Mayo de 1853 el congreso constituyente de Santa Fe aprobó la Constitución de la Confederación Argentina.  Después de la Revolución de Mayo surgió la necesidad de dictar una Constitución para la nación argentina, con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.

La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, encuentro que se recuerda como Acuerdo de San Nicolás. El 1º de mayo de 1853 los diputados de las distintas provincias (con excepción de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional.

La constitución promulgada estableció: un gobierno representativo, republicano y federal. El federalismo que adoptó fue moderado, ya que reconoció la autonomía de las provincias pero también organizó un poder central.

Se estableció un Poder Legislativo bicameral, un Poder Ejecutivo unipersonal, elegido por un colegio electoral y sin posibilidad de reelección, y un Poder Judicial independiente.

 El catolicismo se reconoció como religión oficial pero se garantizó la libertad de culto. Las constituciones provinciales deberían tener la aprobación del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales podrían ser juzgados por el Congreso Nacional.

El gobierno nacional adquirió poder para suspender las garantías constitucionales por medio del estado de sitio, y para intervenir las provincias.

Se declaró la ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades nacionales. Se aseguró el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a habitar nuestro suelo a todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.

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